La relación letal entre caza e incendios forestales

Los incendios forestales de 2025 en España baten récords históricos. La herramienta europea Copernicus (EFFIS) contabiliza 344.417 hectáreas quemadas este año hasta mediados de agosto, superando ya los niveles de 2022. En ese contexto, casi el 95% de los incendios en España tienen origen humano (negligencias o intencionalidad), y más de la mitad son provocados deliberadamente. Este dramático escenario ha reavivado el debate sobre las motivaciones detrás de tantos fuegos y sus consecuencias.

Entre los incendios intencionados, los vinculados a la caza o a los llamados intereses cinegéticos ocupan un lugar destacado aunque paradójico. Por un lado, representan un porcentaje muy bajo del total. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León contabilizó sólo 128 incendios ligados a la caza entre 2013 y 2022, apenas el 0,88% de todos los fuegos en esa década. Estudios amplios confirman esta tendencia: de los miles de incendios forestales registrados en décadas pasadas, sólo unos 5.000 fueron provocados “para facilitar o favorecer la caza”. Sin embargo, este escaso número no refleja la magnitud del daño. Los incendios de origen cinegético suelen ser mucho más extensos y destructivos. Según datos históricos oficiales, los ~5.000 incendios provocados con fines cinegéticos arrasaron 73.859 hectáreas por sí solos; a ellos se suman otros 552 incendios por “conflictos cinegéticos” (15.628 ha más). En contraste, los incendios agrícolas intencionados fueron muchos más comunes (más de 51.000) pero quemaron menor superficie relativa. En pocas palabras: se queman más hectáreas con menos incendios.

Los intereses cinegéticos incluyen motivos como quemar para regenerar pastos, concentrar especies cinegéticas o despejar vegetación que dificulta la caza. En la práctica, cazadores u otros agentes prenden fuego para facilitar luego la caza, aunque casi nunca prevén el desastre que se desata. Una vez iniciado, el fuego suele descontrolarse, transformando quemas localizadas en mega-incendios forestales.

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El caso de la catástrofe en Aliseda (Cáceres)

El caso del verano de 2025 lo ilustra brutalmente. El incendio declarado en Aliseda (Cáceres) ha arrasado ya más de 4.000 hectáreas y obligó a evacuar urbanizaciones enteras. Las autoridades regionales confirmaron que fue un fuego intencionado por intereses cinegéticos. El consejero de Presidencia e Interior de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, detalló que hubo dos focos distintos en la misma finca con motivación cinegética, calificando el acto de “desalmado”. Se denuncia el enorme perjuicio ecológico: además de destruir bosque (y amenazar al valioso Monumento Natural de Los Barruecos), el incendio mata y dispersa a la fauna silvestre. Debido a este incendio, la caza en la Sierra de San Pedro quedó suspendida por años para permitir la regeneración.

Este suceso extremo es solo el más visible de una tendencia peligrosa. En Castilla y León, la Junta ya había advertido de la concentración de incendios provocados en cotos de caza de León y Zamora. Aunque en la campaña 2025 predominaron los grandes fuegos por rayos y calor extremo, las investigaciones identifican al menos tres focos intencionados en Extremadura y Castilla durante los primeros días de agosto (Aliseda, Jarilla y otro en Cuacos de Yuste).

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Las estadísticas refuerzan que los fuegos con fines de caza son excepcionales en número pero muy graves en impacto. Por ejemplo, la base de datos oficial de Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del Ministerio recoge que los incendios de origen cinegético apenas suman unos millares. Sin embargo concentran decenas de miles de hectáreas quemadas. En Castilla y León, los pocos incendios “de caza” suponen menos del 1% del total, mientras que 49 grandes incendios (entre ellos la Sierra de la Culebra en 2022) —que sí concentraron gran parte del área quemada regional— no alcanzan ni el 1% del cómputo de fuegos. Dicho de otro modo: aunque la mayoría de los incendios son pequeños, son precisamente los poquísimos grandes incendios (algunos intencionados) los que queman la mayoría de superficie forestal.

Impacto en la fauna y el entorno

Las consecuencias son dobles: las llamas no solo devastan montes, sino que aniquilan o desplazan poblaciones enteras de fauna silvestre. Los animales son doblemente víctimas cuando el fuego arrasa los ecosistemas. Por un lado, mueren quemados o heridos en los incendios; por otro, pierden su hábitat y alimento, quedando expuestos a inanición o depredadores. Las llamas de Aliseda, por ejemplo, avanzaron cerca de áreas protegidas y zonas de cría de aves, poniendo en jaque a especies locales.

La gravedad de esta situación nos lleva a reclamar medidas urgentes. Es importante comenzar con suspender la caza en las zonas quemadas durante al menos un año para que la fauna pueda recuperarse, así como la prohibición de actividades cinegéticas en medias vedas cuando haya alertas meteorológicas de alto riesgo de incendio. Para proteger a la vida silvestre es imprescindible adaptar las regulaciones de caza a la realidad del cambio climático y los incendios.

Los políticos deben actuar con rapidez y valentía. A continuación, algunas propuestas clave orientadas a priorizar la conservación de fauna y bosques:

• Prohibir de inmediato la caza en áreas afectadas tras un incendio. Se debería impedir la caza en las zonas arrasadas durante varios años, para permitir la regeneración natural del bosque y dar refugio a la fauna superviviente.
• Endurecer las sanciones por incendios dolosos. Elevar las penas y multas para quien inicie quemas ilegales o incendios intencionados (especialmente con fines cinegéticos), al modo de un “crimen ecológico” que daña patrimonio y seres vivos.
• Limitar la caza en condiciones de alto riesgo. Establecer normativas que prohíban expresamente la caza cuando existen alertas meteorológicas de sequía o calor extremo, así como en los momentos previos al verano. Esto evitaría que se use el fuego con fines cinegéticos en los meses más peligrosos.
• Integrar la protección animal en los planes antiincendios. Los protocolos de extinción deben incluir planes de rescate y custodia de fauna. Además, fomentar la revegetación y creación de corredores verdes en terrenos quemados, para asegurar hábitats adecuados.
• Revisar las prácticas tradicionales de manejo del terreno. Promover alternativas sostenibles al uso del fuego (por ejemplo, desbroces controlados, pastoreo rotativo sin quema) y educar a los cazadores sobre el impacto de estas acciones.

Estas medidas buscan un cambio de paradigma: proteger el bosque y sus animales debe primar sobre los intereses cinegéticos. La vida de los animales no puede seguir pagando el precio de costumbres obsoletas. Es hora de que la legislación y las prácticas en el medio rural reflejen las demandas de una sociedad cada día más sensible y responsable del medio ambiente y los animales.