Las aguas del Estrecho de Gibraltar, ese puente entre mares y continentes, son escenario de un conflicto que revela nuestra profunda incomprensión hacia la vida marina. Desde 2020, las interacciones entre orcas y embarcaciones en Barbate (Cádiz) han generado una narrativa alarmista que pinta a estos cetáceos como "agresores". Sin embargo, tras los titulares sensacionalistas, se esconde una realidad distinta: una subpoblación de apenas 50 orcas, catalogada en peligro de extinción, lucha por sobrevivir en un hábitat cada vez más hostil.
El Proyecto Gran Simio y el Corredor Biológico Mundial han lanzado un llamado urgente a las autoridades españolas y europeas. Su propuesta es revolucionaria: declarar estas aguas como Santuario Marino y reconocer a las orcas como "personas no humanas" con derechos jurídicos. Según Pedro Pozas Terrados, director del Proyecto Gran Simio, "Las orcas no son intrusas. Expulsarlas sería un acto de violencia contra una especie consciente que pide respeto y convivencia". Esta visión es compartida por Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis España, quien subraya: "Estamos ante un punto de inflexión: o repetimos errores históricos como el exterminio de la foca monje, o avanzamos hacia un modelo donde los derechos de los seres sintientes sean la base de la conservación".
La verdad detrás del mito
La etología desmonta la idea de "agresiones gratuitas". Los comportamientos observados –contactos con timones, empujes a embarcaciones– responden a causas complejas: estrés acústico por motores y sónares que dañan su ecolocalización; traumas por colisiones previas que dejaron cicatrices físicas y emocionales; conductas lúdicas propias de ejemplares jóvenes explorando su entorno; o defensas territoriales ante la invasión constante de sus zonas de cría. Criminalizarlas, advierten los expertos, oculta el verdadero problema: nuestra intrusión en su espacio vital.
"Humanizamos a delfines en espectáculos, pero despojamos de consideración ética a quienes 'estorban'", critica Gascón. "Las orcas tienen redes sociales complejas, dialectos transmitidos por generaciones y capacidad de sufrimiento equiparable a la nuestra. Negarles protección por intereses turísticos es especismo institucionalizado". Pozas es aún más contundente: "Deben dejar de criminalizarlas; no son monstruos marinos, son seres inteligentes con culturas propias".
La propuesta va más allá de una declaración simbólica. Plantea cinco ejes de acción entrelazados que combinan protección ecológica y reconocimiento jurídico. Primero, la creación de un Santuario Marino con Zona de Especial Conservación (ZEC) en Barbate, regulando el tráfico náutico en épocas sensibles, prohibiendo sónares agresivos y protegiendo áreas críticas de alimentación.
Segundo, un hito legal: el reconocimiento como "personas no humanas" o "entidades con derechos", garantizando su hábitat e integridad física y cultural. "Esto rompe el paradigma antropocéntrico", explica Gascón. "No se trata de darles DNI, sino de que la ley entienda que son sujetos de derechos, no objetos. Es la evolución lógica tras leyes que ya reconocen su sintiencia".
Tercero, un Comité Ético-Científico independiente con etólogos, juristas ambientales y asociaciones locales para supervisar medidas con rigor. Cuarto, campañas educativas en escuelas, puertos y medios, sustituyendo el lenguaje bélico ("ataque", "amenaza") por lemas como "Ellas viven aquí. Nosotros solo navegamos", destacando su naturaleza social e inteligente.
Quinto, el uso de tecnología no invasiva: boyas acústicas para monitorear movimientos y sistemas de alerta voluntaria para desviar rutas temporalmente. "No buscamos expulsarlas, sino convivir", enfatiza Pozas.
Más allá del drama local, las orcas cumplen un rol ecológico insustituible. Como depredadoras tope, regulan poblaciones de peces y mamíferos marinos, evitendo desequilibrios en cascada. Pero su aporte es aún más profundo: "Fertilizan el océano con nutrientes que estimulan el fitoplancton", explica Pozas. "Este microorganismo es la base de la cadena alimentaria y un sumidero natural de CO₂. Protegerlas es defender el clima".
Gascón vincula esta función con la justicia climática: "Cada vez que una embarcación las expulsa de sus zonas de alimentación, debilitamos la red que mitiga el calentamiento global. Esto es ecojusticia: reconocer que su supervivencia es nuestra supervivencia".
España carga con el fantasma de un exterminio previo: la foca monje mediterránea, declarada extinta en costas peninsulares en los años 60 por ser "competidora" de pescadores. "No podemos repetir esa historia", advierte Pozas. "Proteger a estas orcas es un deber moral, ecológico y científico". Para Gascón, el paralelismo es aleccionador: "La foca monje nos mostró adónde lleva la demonización de lo salvaje. Hoy tenemos oportunidad de reparar esa deuda histórica. Pero sin santuario, Barbate podría ser su tumba ecológica".
Un símbolo para Europa
Convertir el Estrecho en Santuario trasciende lo local. Sería un mensaje global: Europa puede liderar el reconocimiento de derechos de la naturaleza, Andalucía podría modelar un turismo ético basado en la observación responsable, y la ciencia ganaría un laboratorio vivo para estudiar cultura cetácea. "Desde AnimaNaturalis nos sumamos a esta petición", declara Gascón. "No es utopía: es aplicar que 'sintiente' no es un adjetivo, es un derecho. Exigimos a las autoridades que actúen. Las orcas no tienen voz en despachos, pero nosotros sí. Seamos esa voz antes de que su canto desaparezca del Estrecho".
El futuro de las orcas del Estrecho no se decide solo en Bruselas o Madrid. Cada ciudadano puede ser un altavoz. ¡Firma para que el MITECO, la Junta de Andalucía y la Comisión Europea aprueben este santuario!
La historia no puede repetirse: España exterminó a la foca monje por considerarla "competidora" con los pescadores locales. Hoy, tenemos la oportunidad de ser pioneros en la protección jurídica de seres sintientes.
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