El pasado 20 de marzo, el Partido Popular afirmó en el Congreso de los Diputados, sin aportar datos veraces, que los ataques de lobo causan pérdidas anuales de “6.000 toneladas de carne”, una cifra que ni siquiera coincide con las estadísticas de indemnizaciones oficiales de las comunidades autónomas. Tal desinformación demuestra el uso torticero de datos para justificar la desprotección: "Es inadmisible que se utilicen cifras especulativas y sin respaldo técnico para alarmar a la sociedad y debilitar la protección de una especie que aporta equilibrio al ecosistema", señala Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España.
La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo pretende modificar la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats) para homogeneizar el estatus legal de todas las poblaciones de lobo de la UE. Hasta ahora, el lobo gozaba de distintos grados de protección según el territorio: en España, se incluyó en el Anexo II y IV, lo que imponía protección estricta en algunas comunidades, mientras que en otras —Asturias, Cantabria— ya permitió controles letales bajo planes de gestión autonómicos.
La modificación se alinea con la reciente revisión del Convenio de Berna, impulsada por la Comisión Europea, que reclasifica al lobo en el Anexo V, dejando abierta la posibilidad de matanzas bajo criterios de ‘gestión sostenible’. El Miteco señala que esta iniciativa busca adecuar la normativa de 1992 a la realidad actual de las poblaciones, pero no justifica por qué se asume que la autorregulación natural por parte de este depredador apical no es suficiente.
Según la propuesta publicada en la web del Miteco, las aportaciones ciudadanas deben remitirse antes del 12 de junio de 2025 al buzón de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina (buzon-sgb@miteco.es). Sin embargo, el contenido y alcance de esta participación pública pueden diluirse si la ciudadanía no está suficientemente informada. "La consulta pública es una oportunidad única para que la ciudadanía exija transparencia y rigor científico en la defensa del lobo", insiste Gascón. "Solo con una implicación masiva podremos contrarrestar la desinformación promovida por intereses políticos y económicos", añade.
El calendario es ajustado: desde la apertura de la consulta hasta el cierre faltan pocas semanas, y el ministerio publicará la directiva modificada en el Diario Oficial de la UE tras recibir y valorar los comentarios. La presión del lobby cinegético, con fuerte implantación en diversos partidos políticos —PP, Vox, Junts, PNV—, busca competir por el voto rural prometiendo mayor flexibilidad en los controles de depredadores. No obstante, la experiencia demuestra que estos controles extraordinarios no curan los conflictos y, en cambio, agravan la situación de conservación de la especie.
Percepciones versus realidad
El miedo a grandes carnívoros está profundamente arraigado en la cultura rural, pero no siempre se corresponde con datos objetivos. Un estudio de la revista People and Nature analizó la percepción de ganaderos en la Patagonia chilena respecto al puma (Puma concolor) y encontró un desajuste alarmante entre la población real de felinos y la sensación de daño que generaban.
Esperanza Iranzo, investigadora del CREAF, lideró encuestas a ganaderos durante una década en la reserva de la biosfera Torres del Paine. Descubrió que, aunque la población de pumas aumentó según los censos científicos, la percepción de amenaza se mantuvo constante e incluso se intensificó: "Los ganaderos no percibieron un incremento real en los individuos, pero sí identificaron más daño. Esto indica que el rechazo se basa en una percepción social y cultural, no en datos tangibles", explica Iranzo.
La situación española presenta paralelismos claros. Según las últimas estimaciones oficiales, la población de lobo en la Península Ibérica se mantiene en torno a 2.000-2.500 individuos, con una leve tendencia al alza en zonas despobladas del norte y centro. Sin embargo, la apertura de nuevas áreas de recolonización —como la frontera catalana— ha generado altos niveles de preocupación entre pastores y propietarios de fincas. "Cuando un depredador coloniza un territorio nuevo, el choque cultural inicial provoca que se sobreestime su abundancia y peligrosidad", valora Iranzo. "Después, con el tiempo, la tensión se normaliza, pero mientras tanto se instalan percepciones negativas difíciles de revertir".
A este fenómeno se suma la gestión administrativa: en España, los planes autonómicos de gestión no ofrecen medidas compensatorias suficientes por los ataques al ganado, lo que genera descontento. Mientras ganaderos con mayores recursos se benefician del turismo de observación de lobos y osos, quienes carecen de ese margen económico ven en el lobo una amenaza insalvable.
El malestar se ve agravado cuando se utilizan datos poco transparentes. En Asturias y Cantabria, se realizaron matanzas autorizadas que, según Ecologistas en Acción y ASCEL (Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico), no obedecían a un estado poblacional excesivo, sino a presiones políticas locales. La justicia ha anulado algunos de estos permisos por falta de justificación científica. "La inclusión del lobo en el Anexo V de la Directiva Hábitats implicará más muertes en regiones donde hoy está protegido", alerta Gascón. "Esto no solo incumple los objetivos de conservación de la UE, sino que viola el principio de precaución y el deber legal de garantizar un favorable estado de conservación".
El desequilibrio en las cadenas tróficas no es un problema hipotético. Al igual que en Torres del Paine, donde la prohibición de caza en 1967 permitió la recuperación de guanacos y pumas, el lobo en España cumple una función esencial como controlador de poblaciones de ungulados. Sin él, proliferan ciervos, corzos y jabalíes, lo que provoca sobreexplotación de la vegetación y aumento de enfermedades zoonóticas.
Para AnimaNaturalis, la propuesta de rebajar la protección del lobo es un paso atrás en la conservación de la biodiversidad europea. Gascón incide en la necesidad de una normativa homogénea que reconozca el papel irremplazable del lobo: "El lobo es un patrimonio natural europeo y su estatus debe ser de protección máxima en todo el territorio. Solo así podremos garantizar sus funciones ecológicas y evitar que la politización del debate debilite a una especie en estado desfavorable de conservación".
España, como Estado de Derecho, debe aplicar la Constitución (artículo 45) y la legislación ambiental vigente (RD 139/2011), sin ceder ante enmiendas interesadas que utilicen el ‘falso desperdicio alimentario’ como excusa. Los partidos que han promovido la desprotección —PP, Vox, Junts y PNV— compiten por un voto rural que no se gana a través de la reducción de garantías legales, sino con medidas reales de convivencia y compensación.
¡Tu voz cuenta! Participa en la consulta pública
El futuro del lobo en España y la UE está en tus manos. Desde AnimaNaturalis te invitamos a enviar tus propuestas, inquietudes y exigencias a la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Miteco:
Fecha límite: 12 de junio de 2025
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